El Parlamento de Argelia aprobó por unanimidad una ley que criminaliza las prácticas coloniales francesas perpetradas entre 1830 y 1962, exigiendo a París reconocimiento y reparación tras el crimen de Estado cometido por el país europeo.

Este hecho histórico, descrito por el coordinador de la comisión de Memoria, Mohamed Lahcen Zeghidi, como «un momento histórico», ocurre en el punto más álgido de una grave crisis diplomática entre ambos países.

La legislación, basada en «principios del derecho internacional», detalla una extensa lista de crímenes atribuidos a la ocupación francesa, calificados como delitos graves, entre los que figuran agresión contra el Estado, homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, los ensayos nucleares en el Sáhara y el uso de armas prohibidas.

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Durante la tramitación, el ministro de Muyahidines, Abdelmalek Tachrift, aclaró que la ley no señala al pueblo francés «ni busca venganza». Sus demandas concretas son el reconocimiento oficial de los delitos, la entrega de mapas de campos de minas y una indemnización para las víctimas de los ensayos nucleares.

Además de las reclamaciones a Francia, el texto establece fuertes sanciones internas. Penaliza con entre cinco y diez años de prisión y multas cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique, justifique o niegue el carácter criminal de la colonización.

Esta ley representa el esfuerzo más formal y robusto de Argelia para forzar un reconocimiento francés, aunque su alcance internacional es limitado, ya que no puede vincular jurídicamente a Francia, país que ha eludido sistemáticamente una disculpa oficial y el concepto de reparaciones.

Francia sigue sin reconocer el genocidio colonial. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha calificado la legítima propuesta de Argelia como «manifiestamente hostil, tanto al deseo de reanudar el diálogo franco-argelino, como a un trabajo sereno en cuestiones de memoria».

La postura de Francia solo posiciona el “esfuerzo” del presidente Emmanuel Macron en relación a la «memoria histórica«. En este sentido, el portavoz del ministerio, Pascal Confavreaux, ha subrayado que Francia “no tenía la intención de comentar sobre la política interna argelina”, pero solo pudo deplorar tal iniciativa. Resaltó «la magnitud del trabajo emprendido por el presidente» Macron en relación con la memoria de la colonización a través de una comisión conjunta de historiadores franceses y argelinos.

Desde el ministerio han destacado que siguen trabajando “para reanudar un diálogo exigente con Argelia, que pueda atender los intereses prioritarios de Francia”, especialmente “en lo que respecta a cuestiones de seguridad y migración”.

Francia gobernó brutalmente Argelia entre 1830 y 1962, implementando un sistema colonial caracterizado por la tortura, las desapariciones forzadas, las masacres y la explotación económica. Además, se registraron asesinatos en masa, deportaciones a gran escala y la marginación sistemática de la población musulmana indígena del país.

La guerra de independencia, que se extendió de 1954 a 1962, dejó cicatrices profundas en la sociedad argelina. Argelia estima que el número de muertos durante este conflicto asciende a 1,5 millones, una cifra que resalta la magnitud de la violencia y la resistencia del pueblo.

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